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"En defensa del Voto Voluntario"

El voto voluntario implica que el nivel de participación nos permite tener un barómetro de la capacidad de la clase política para responder a las necesidades y aspiraciones de la ciudadanía.

Un grupo de cientistas políticos nacionales están molestos con el proyecto de Ley para que el voto sea voluntario, reforma que llaman un retroceso histórico. Los autores arguyen que el voto no es solo un derecho cuyo ejercicio descansa en la conciencia individual del ciudadano, sino que es una responsabilidad cuyo cumplimiento debe ser asegurada por el Estado. Y para reforzar su caso, enumeran las consecuencias negativas de abandonar el voto obligatorio:

1. Se producirá un aumento de las desigualdades, en un país ya escandalosamente desigual, por cuanto la predisposición a votar es mayor en los sectores que cuentan con más recursos económicos y políticos;

Es claro que ciudadanos que son más educados, mejor informados y con opiniones más formadas sobre el proceso político y los candidatos son los que tenderán a votar más si el voto es voluntario. Pero los autores no explican como el voto obligatorio soluciona el tema de la igualdad más allá de que todos están obligados a presentarse el día de la elección. ¿Son países que tienen voto obligatorio “menos desiguales” en alguna medida relevante?¿Son las aspiraciones y necesidades de los más pobres ignoradas más en países donde existe el voto voluntario? Si tienen alguna evidencia para apoyar estas ideas, los autores no la comparten con sus lectores.

2. Se verá una disminución de la participación electoral -como lo demuestra ampliamente la evidencia- que concluye que el único recurso que aumenta la participación electoral es el voto obligatorio;

Esta “consecuencia negativa” es totalmente trivial. Es evidente que si el Estado obliga a los ciudadanos a hacer algo se obtendrá participación casi universal. Pero los firmantes de la carta parecen confundir fines con medios: es razonable decir que una alta participación ciudadana es saludable para la democracia, porque implica una ciudadanía involucrada con su gobierno. Pero el obtener esa participación por medios coercitivos no parece ser consistente con la libertad que debería estar al centro de los ideales democráticos. ¿Es un gobierno elegido por el 100% de ciudadanos obligados a votar más legítimo que uno elegido por el 70% de una ciudadanía que eligió participar voluntariamente?

Aun más,  el voto voluntario implica que el nivel de participación nos permite tener un barómetro  de la capacidad de la clase política para responder a las necesidades y aspiraciones de la ciudadanía. Una baja participación en las elecciones debería preocuparnos, pero la solución es que los mismos políticos se aseguren de fomentar una cultura política participativa – o, alternativamente, que la ciudadanía a través de movimientos sociales reemplacen a esos políticos en las urnas, usando la capacidad de movilizar a esa misma gente que los autores creen que dejarán de votar. La solución no es obligar a los ciudadanos a ir a los lugares de votación. Que, ya que estamos, no es lo mismo que obligar al ciudadano a votar, a pesar de trucos semánticos como los “votos en blanco” y “votos nulos”.

3. Se producirá un aumento de la importancia del dinero en la política, por cuanto los partidos y candidatos se verán obligados a destinar mayores recursos para movilizar a electores más desconfiados y apáticos. En suma, observaremos un retroceso al siglo XIX: voto censitario, en la práctica, y la institucionalización del cohecho (o compra de votos).

Este punto es francamente ridículo. Los autores no pueden estar seriamente arguyendo que el voto voluntario lleva al cohecho: en las democracias occidentales modernas el voto voluntario es la regla, y en el mundo el voto obligatorio es minoritario. La idea de que estas democracias, que incluyen a Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos y docenas de otras tienen un problema de cohecho es simplemente irrisoria.

Pero el argumento es quizás más torpe porque implica que el sistema debería, por diseño, evitar que los políticos tengan que movilizar a los desconfiados y los apáticos. Es decir, en un país en que la participación democrática está en crisis, y las autoridades, el Congreso y la clase política regularmente reciben malas evaluaciones, estos cientistas políticos nos dicen que como sociedad deberíamos hacerles la pega a los mismos políticos aún más fácil y ser obligados a elegir, incluso si – como es el caso en Chile – el cuoteo partidista, el sistema binominal y la falta de primarias para la elección de los candidatos implican que el votante a menudo no tiene alternativas reales al momento de entrar al local de votación.

Al final, esta defensa del voto obligatorio refleja una cierta desconfianza en los procesos democráticos y la gente que los hace posible. Es por eso que el voto se transforma de derecho ganado y cuyo ejercicio debería ser facilitado (he aquí lo importante de la inscripción automática) a una responsabilidad legal a sostener un sistema político, incluso si este no esta sirviendo – como debe – los intereses de los ciudadanos.

Esperemos que el Congreso, con todas sus fallas, tenga el buen sentido de ignorar el consejo de nuestros politólogos.

  • Cheliño

    Estan a favor o en contra??