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"Judicialización de los conflictos ambientales en Chile"

El primero y el más importante de los desafíos en materia eléctrica, es ser capaces de proveernos de energía constante a precios competitivos. Y aquí se equivocan quienes crean que nuestros parámetros generales de crecimiento indicarían que el problema lo tenemos resuelto, pues la imprevisión de décadas nos ha llevado a un escenario de escasez y urgencia, que ciertamente no propicia la toma de buenas decisiones a largo plazo. Si a ello sumamos el factor ambiental, cada día más relevante, no hay dudas que estamos frente a un cuadro nada promisorio.

Ahora bien, la judicialización en sí misma no parece ser un problema real. En todo estado de derecho deben existir tribunales independientes e imparciales, al alcance de todos y capaces de resolver conflictos. El problema se genera cuando esa legítima judicialización se promueve mayoritariamente por vía de recursos de protección, que tienen un fin de cautela expedita de garantías constitucionales, y no resolver sobre la idoneidad de fondo de las decisiones tomadas por la autoridad administrativa. Esto es lo que ha ocurrido con varios proyectos impugnados, y el resultado es la generación de inseguridad regulatoria.

Asimismo, otra arista de la judicialización que parece negativa, es que muchas veces discurre sobre razonamientos que comportan una visión valorativa de los jueces sobre los asuntos que se entregan a su conocimiento, en lugar de tratarse de una instancia donde se alega la correcta o incorrecta aplicación del derecho. En esta parte, con la puesta en marcha de los tribunales ambientales -y dada su composición mixta- cabe esperar una mayor deferencia de la Corte hacia lo resuelto por ellos, contribuyendo a perfilar un sistema más eficiente y seguro.

¿Cuáles son los desafíos? Por una parte, que las autoridades den un fuerte impulso a seguir concretando, en normas y regulaciones objetivas, el principio preventivo que expresamente inspira la Ley N° 19.300, de Bases del Medio Ambiente. Por esa vía, obtendríamos un escenario de mayores seguridades para el sector productivo, y reglas claras que permitan prever el comportamiento de la administración, disminuyendo de paso la posibilidad de arbitrariedades. Y para los privados, parece ser que el desafió será la promoción de instancias de colaboración con las autoridades, para en ellas perseguir el mejoramiento de los procesos de evaluación, tendiendo al establecimiento de un “rayado de chancha” conocido, contexto indispensable si lo que queremos es lograr que los beneficios del desarrollo alcancen a todos.

Columna escrita en exclusiva para Acuerdos.cl