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La pérdida del Aborto Terapéutico en Chile: La democracia en deuda con las mujeres

La democracia una vez más ha dado la espalda a las mujeres. En Chile entre 1931 y 1989 las mujeres podíamos acceder al aborto terapéutico. El 15 de mayo de 1931 fue introducido en el Código Sanitario en virtud del Decreto Fuerza de Ley 2226 el aborto terapéutico. Esta disposición exigía la opinión de tres facultativos y la documentación correspondiente; en caso de urgencia y ante su ausencia de otros dos facultativas, se permitió que el hecho fuera ejecutado por el médico tendiendo dos testigos. En 1967 se modificó el texto primitivo y se estableció “Solo con fines terapéutico se podrá interrumpir un embarazo”. Para proceder a esta intervención, se requerirá la opinión documentada de dos médicos cirujanos.

En septiembre de 1989 la Junta Militar aprobó la derogación del aborto terapéutico sin consulta ciudadana, que estuvo vigente por 58 años. La derogación de la interrupción legal del embarazo por  razones terapéuticas, a través de la modificación del artículo 119 del Código Sanitario en 1989, se produjo además en forma arbitraria por las deficiencias democráticas del proceso de reforma de la norma que regían en dictadura militar.

Por tanto, entre 1931 y 1989 – aún bajo la Constitución de 1980 – el ordenamiento jurídico chileno contemplaba la posibilidad de interrumpir legalmente un embarazo por motivos terapéuticos. Las condiciones eran: la autorización de dos médicos cirujanos y tener por objeto fines terapéuticos.

A su vez hay que recordar que Chile fue objeto de reparos por órganos de las Naciones Unidas en 1999 cuya misión es fiscalizar el cumplimiento del pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la CEDAW. Ambos organismos señalaron en sus informes al Estado de Chile la ausencia de legislación que permita el aborto en caso de riesgo de vida o de salud para la mujer o el embarazo producto de violación, constituye una violación a los derechos humanos, al igual que la relevación de información médicas que las mujeres entregan en los hospitales[1]. También el Comité contra la Tortura recomendó velar por el cumplimiento del secreto médico evitando extraer confesiones con el fin de enjuiciar a mujeres que buscar atención mujeres que buscan atención médica de urgencia como resultado de un aborto prohibido[2].

Lo único que se ha hecho a la fecha el Ministerio de Salud (abril de 2009) adoptó un Protocolo sobre Tratamiento Humanizado del aborto que obliga a los jefes de servicio y los facultativos de los servicios públicos de salud a abstenerse de obtener confesiones de las mujeres que hayan llegado a los establecimientos de salud con signos de abortos incompletos o inducidos con el objeto de asegurar la confidencialidad médico-paciente y cumplir con las observaciones realizadas por el Comité contra la Tortura al Estado de Chile[3]. No obstante, esta medida no da cuenta de la interrupción legal del embarazo por razones terapéuticas. En este sentido, la situación legal descrita, deja a las mujeres totalmente desamparadas, puesto que la práctica de un aborto esta contra la ley.

MILES-Chile plantea la necesidad de contar con una legislación que permita la interrupción legal del embarazo en tres casos: cuando hay riesgo de salud de la mujer, cuando hay una inviabilidad fetal extrauterina y en caso de violación. Esto significa que la mujer pueda optar frente a estas situaciones, donde el Estado debe garantizar y no imponer.

Con todos estos antecedentes respecto de la historia legislativa de la figura de aborto terapéutico en Chile, considerando además las indicaciones de los organismos internacionales sobre derechos humanos y que nuestro país fue declarado constitucionalmente un Estado laico en el año 1925, las Senadoras y Senadores de la República nos deben una buena explicación respecto a la negativa de debatir y aprobar la idea de legislar, situando a Chile aún dentro de los seis países del mundo que penalizan el aborto en toda circunstancia, siendo esta una deuda más con la democracia, con la representatividad, y que sólo aumenta la brecha de inequidades en nuestro país.


[1] CCPR/C/79/Add.104 y CEDAW/C/1999/L.2/Add.1.

[2] Comité contra la Tortura, Trigésimo Segunda Sesión, 3-21 de mayo de 2004, pár. 7, letra m) en CAT/C/CR/32/5

[3] Ministerio de Salud, Gobierno de Chile, Ordinario A!%/1675 del 24 de abril de 2009.