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Ley de Glaciares

El 11 de marzo pasado el Ejecutivo ingresó finalmente en la Cámara de Diputados la muy esperada indicación sustitutiva al proyecto de Ley de Protección de Glaciares que había presentado unos 10 meses antes la así llamada “Bancada Glaciar” liderada por el Diputado Melo, Presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, y compuesta por 3 diputadas y 5 diputados. De esta manera el Ejecutivo cumplió con el compromiso de la Presidenta de la República establecido en su discurso del 21 de mayo de 2014.

En su versión actualizada a febrero de 2014, el Inventario Nacional de Glaciares de la DGA reporta para Chile un área total de 23.641 km2, con un número total de 24.114 glaciares, desde el más pequeño de 0,18 hectáreas, un glaciar innominado ubicado en la cuenca del río Puelo (un glaciarete en realidad, definido como un glaciar menor a 25 há) hasta el glaciar más extenso, el Pío XI, de 1.241,2 km2, el mayor glaciar de Sudamérica, ubicado en el Campo de Hielo Patagónico Sur. Esta área de glaciares representa un 3% de nuestro territorio y del orden del 81% de todos los glaciares sudamericanos, lo que transforma a Chile en la nación con más glaciares del Hemisferio Sur.

Antetodo hay que reconocer que una legislación sobre glaciares es muy bienvenida, y, a pesar de avances en esta materia, aun existen hasta el día de hoy vacíos legales esenciales. Solamente dos países (Argentina y Kirguistán) cuentan con iniciativas de Ley de Glaciares, mientras que los países desarrollados han optado por reforzar su marco legal existente sin crear una ley específica.

Aspectos esenciales, y altamente bienvenidos, de la indicación sustitutiva son: la declaración de los glaciares como bienes nacionales de uso público, eliminando la posibilidad de constituir derechos de agua; la creación del Registro Nacional de Glaciares administrado por la DGA; la fiscalización de glaciares y reforzamiento general de las capacidades de la DGA en estas materias; un nuevo permiso ambiental sectorial dentro del SEIA otorgado por la DGA; la excepción de tener que ingresar al SEIA actividades de bajo impacto tal como el levantamiento de líneas de base y turismo de baja intensidad; y la eliminación en el texto del ambiente periglacial, que según la definición de la Bancada Glaciar podía incluir desde Puerto Montt hacia el sur y virtualmente toda la media y alta cordillera.

Valdría la pena precisar la definición de “glaciar” en la indicación sustitutiva, puesto que puede incluir cuerpos de nieve no permanentes. También me parece importante revisar el concepto de “entorno glaciar” que se define como la cuenca de “captura nival que alimenta al glaciar” y el “área comprendida entre el frente terminal actual del glaciar y 500 metros aguas abajo, medidos sobre la topografía del terreno”, puesto que puede tener implicancias relativas a generación de material particulado a más distancia. En lo personal, junto con reforzar a la DGA espero que también se fortalezcan las capacidades del Ministerio del Medio Ambiente en estas materias.

En su versión original, el proyecto de ley Melo de 2014 contempla una protección total hacia los glaciares y en ese sentido es similar a las dos mociones anteriores, los proyectos de ley de los Senadores Horvath (2006) y Girardi (2008). La indicación sustitutiva del Ejecutivo declara como “intocables” a los glaciares ubicados en reservas de región virgen (que no existen aun en nuestro país) y Parques Nacionales (31 en total en Chile), que constituyen las áreas con protección ambiental más estricta, y que incluyen más de 2/3 partes de todos los glaciares de Chile. Uno de los aspectos más novedosos de la indicación sustitutiva es la clasificación de glaciares que serán declarados “estratégicos” y que también serán “intocables”. Esta calidad de estratégico será definida por el Ministerio de Medio Ambiente y el MOP, con la aprobación del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Por defecto entonces, podría permitirse una actividad que afecte en alguna medida un glaciar o su entorno, para lo cual debe necesariamente realizarse una evaluación de impacto ambiental. Esto es un alivio para varios sectores productivos de nuestro país, incluyendo la minería, que hubiesen tenido que sepultar grandes proyectos en la alta cordillera que en su conjunto representan una muy relevante fuente de desarrollo. El desafío ahora en este nuevo marco legal propuesto, donde estaremos atentos a la discusión legislativa que vendrá a continuación, es conjugar el debido cuidado del medio ambiente con las actividades productivas, logrando un desarrollo lo más sustentable posible. Tal como lo ilustra el Génesis bíblico, verdaderamente “señorear” sobre la Tierra, que implica sin duda cuidarla, pero sin dejar de aprovechar sus esenciales recursos.