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"Se necesita antes un marco regulatorio eficiente y autónomo"

Las primeras iniciativas de regulación pesquera aparecen en Chile durante el Gobierno Militar, con la creación de la Subsecretaría de Pesca en 1976. Antes de ese periodo prácticamente se pescaba sin regulación. En el campo regulatorio e institucional, la Subsecretaria de Pesca se transforma en el eje central de la administración pesquera, alrededor de la cual gira toda la autoridad regulatoria, con algunos –pocos- contrapesos institucionales.

En 1991 se promulga la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA) donde aparece una opción de licitación del 50% de la Cuota Global, pero se la deja sujeta a la iniciativa del Subsecretario de Pesca y aprobación del Consejo Nacional de Pesca, lo que la hace inoperante. En la LGPA la mayoría de los recursos con valor económico quedan clasificados como especies en plena explotación y se limita la emisión de autorizaciones de pesca, manteniéndose los recursos pesqueros sin cuota global de explotación hasta 1998, donde aparecen las primeras iniciativas para establecer cuotas o regímenes preferenciales de explotación pesquera, lo que finalmente se traduce en la aprobación de la Ley de Límites Máximos de Captura (LMC) en el año 2000 y su prolongación por 10 años más el 2002, régimen que vence en diciembre del presente año.

La ley de LMC establece cuotas individuales intransferibles, salvo que se haga con la nave, que se calcularon de acuerdo a la capacidad de pesca teórica (esfuerzo pesquero) ejercido por cada armador y estableciendo el nuevo concepto de “calidad de las autorizaciones de pesca”, de acuerdo a la conveniencia de quienes impulsaron esta medida.

Al vencimiento de la presente ley de LMC, se ha planteado nuevamente la disyuntiva de asignar las cuotas según los parámetros establecidos en la ley de LMC y a perpetuidad, y para todos los efectos prácticos, cerrar el acceso a las principales pesquerías del país para todo nuevo actor, o bien, hacerlo mediante un mecanismo de Subasta Pública o Licitación que renovaría la asignación en forma periódica.

Es evidente y comprensible que los beneficiarios de la presente asignación deseen extenderla ad infinitum; por otro lado es también comprensible que nuevos actores deseen incorporarse a la actividad o aquellos que quedaron disminuidos en la primera asignación deseen aumentar su participación.

En el mundo presente de libre mercado, esta discusión parece absurda ya que no hay duda que la asignación de bienes públicos con valor de mercado, bajo la tuición del Estado, deben asignarse por subasta pública o licitación transparente. Al respecto se han dado toda clase de argumentos económicos, legales y científicos para desvirtuar la proposición de la subasta o licitación, pero todos terminan girando alrededor de la preservación de los supuestos derechos de aquellos que han explotado los recursos durante los últimos 12 años, derechos que son eminentemente precarios, puesto que la licitación, si bien imperfectamente, ya estaba contemplada en la LGPA.

Toda esta discusión será perfectamente inútil si no se establece un marco regulatorio eficiente, autónomo y blindado a las influencias políticas y de intereses privados que asegure la explotación sustentable de los recursos pesqueros, lo que no hace el proyecto de ley en tramite constitucional en el Congreso. La experiencia de los últimos 20 años señala que la peor amenaza a la subsistencia de los recursos pesqueros es la simbiosis de los intereses económicos-privados y políticos.