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La Suprema condenó a Endesa a indemnizar a agricultores por falla en operación de la represa Ralco

La Corte Suprema condenó a Endesa S.A. a pagar una indemnización total de 65.579 UF (que equivalen a más de 1.600 millones de pesos ) a grupo de agricultores que vieron afectados sus predios por una crecida del río Bío Bío, en 2006, producto de las deficiencias en la operación de la represa de la central hidroeléctrica Ralco, propiedad de la empresa.

En fallo dividido, la Primera Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, Lamberto Cisternas y los abogados (i) Daniel Peñailillo y Juan Figueroa– acogió el recurso de casación presentado en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción que confirmó la resolución del Juzgado de Letras de Santa Bárbara, que había rechazado la acción judicial.

La resolución de la Corte Suprema determinó la responsabilidad de la empresa por no controlar la crecida del río, pese a que formaba parte de las obligaciones contraídas al aprobarse el “Estudio de Impacto Ambiental” para la construcción de la represa.

“Con la prueba rendida en autos, no se ha acreditado por la demandada que hubiere cumplido con la obligación de amortiguar en forma ” importante” la crecida del caudal del Rio Bío Bío, en circunstancias que se encontraba obligada a hacerlo para liberarse de responsabilidad conforme a lo dispuesto en el artículo 1698 inciso 1° del Código Civil; y, por el contrario, de la prueba rendida consta que la demandada no cumplió con su deber de cuidado específico, al no controlar en forma adecuada la liberación de agua del embalse frente a la crecida inusual del caudal del Río ocurrida en condiciones climáticas excepcionales; Que de este modo, establecida la culpa infraccional de la demandada, corresponde determinar si existió un nexo causal entre dicha culpa y el daño reclamado por los actores. Sobre el particular, resulta importante consignar que la cuestión del nexo causal en la responsabilidad civil extracontractual no encuentra un apoyo directo en los textos legales, ya que el artículo 2324 del Código Civil se limita a establecer que el que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización; sin embargo, no analiza en particular, a partir de qué elementos se configura la relación de causalidad. Tradicionalmente, en nuestro país se ha explicado la causalidad civil a propósito de la responsabilidad subjetiva basada en la culpabilidad, a partir de la teoría de la equivalencia de las condiciones, en que se determina si el hecho imputado al demandado ha sido o no causa del daño y luego se fija hasta qué medida o extensión ha de considerarse que el daño es reparable, de modo que el centro del análisis del juicio de responsabilidad reposa en la noción de culpa en base a la previsibilidad. Por su parte, tratándose de la responsabilidad objetiva, al no existir la imputación basada en culpa, la víctima asume el deber de probar el perjuicio y el nexo causal, para lo cual se ha recurrido habitualmente al criterio de la causalidad adecuada, conforme al cual la previsibilidad del daño será la que servirá de base para determinar hasta dónde extender el deber de reparación, según lo explica Ramón Domínguez Águila (Aspectos de la relación de causalidad en la responsabilidad civil con especial referencia al derecho chileno, Revista de Derecho Universidad de Concepción N° 209 Enero- Junio 2001)”, sostiene dice el fallo.

La resolución agrega que “(…) la culpa infraccional de la demandada, al no amortiguar la inusual crecida del Rio Bío Bío, mediante el manejo de las compuertas del embalse Ralco, contribuyó materialmente de manera directa al riesgo del daño ocasionado a los demandantes, reuniéndose los requisitos analizados en el considerando precedente, por lo que debemos tener por establecido el vínculo causal entre dicha conducta culpable y el daño ocasionado”.

Además, por concepto de daño emergente, se ordenó pagar a los demandantes:
-Guacolda Adriana Carrasco Pérez, la suma equivalente a 9.460 UF;
-Sergio Alejandro Rikli Hernández, la suma equivalente a 11.313 UF;
-María Soledad Pulgar Sepúlveda, la suma equivalente a 1.771 UF;
-Germán Eugenio Robles Villablanca, la suma de 5.031 UF;
-Miguel Antonio Rodríguez Pérez de Arce, la suma de 8.153 UF, y
-Sociedad Inmobiliaria Fortaleza Limitada, la suma de 29.851 UF.

Resolución adoptada con el voto en contra del ministro Cisternas, quien estuvo por rechazar el recurso de casación y confirmar el fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción.

Fuente: Poder Judicial.